El tribunal estatal falla contra la certificación de la enmienda de las víctimas de delitos de La Ley de Marsy, la apelación está pendiente

By: and - January 10, 2021 6:30 am

Victim Advocate Jennifer Storm speaks at a rally for crime victims in the Pa. Capitol rotunda on April 8, 2019. (Capital-Star photo by John L. Micek)

Un tribunal de apelaciones de Pensilvania invalidó el jueves más de 2 millones de votos emitidos sobre la Ley de Marsy, una medida electoral que tenía como objetivo fortalecer los derechos de las víctimas de delitos que aprobó abrumadoramente en el 2019, alegando que la medida se presentó inconstitucionalmente a los votantes del estado.

El fallo, acordado por tres jueces de la Corte de la Mancomunidad del estado, encontró que la cuestión de la boleta electoral planteada ante los votantes en noviembre del 2019 violó el procedimiento estatal legal para aprobar nuevas enmiendas al hacer “cambios de gran amplitud y complejos” al procedimiento penal en una sola votación. Al hacerlo, los jueces concedieron un argumento hecho por la Unión Americana de Libertades Civiles de Pensilvania pocos días antes de las elecciones generales de ese año.

Reggie Shuford, director ejecutivo de la ACLU-PA,( por sus siglas en inglés= La Unión Civil de la Libertad Americana) llamó a la Ley de Marsy una “política defectuosa” aprobada de una “manera defectuosa” para “puntos políticos baratos.”

Marsy’s Law es parte de un movimiento nacional de defensa respaldado por un ejecutivo tecnológico multimillonario. 74 por ciento de los votantes de Pensilvania lo aprobó en las elecciónes municipales del 2019 tras una costosa campaña publicitaria.

A la espera de una apelación, la orden significa que todos los votos sobre la medida ahora serán lanzados,y la Secretaria del Estado Kathy Boockvar no puede certificar los resultados. En una disidencia, dos jueces de la Corte de la Mancomunidad argumentaron que el fallo “priva a la gente de [su] poder” y dijeron que habrían permitido que la enmienda fuera certificada.

En un comunicado, la campaña confirmó que estaba “preparada para continuar abogando por las víctimas y presentar una apelación ante el Tribunal Supremo para garantizar que se cuenten los votos de los habitantes de Pensilvania y que las voces de las víctimas estén protegidas.”

Jennifer Storm, la defensora de las víctimas del estado y partidaria de la Ley de Marsy, dijo que estaba decepcionada con el fallo en su propia declaración.

“Las voces de las víctimas disminuyen con demasiada frecuencia en los sistemas de justicia penal y judicial,” dijo Storm. “Ahora es el momento de crear igualdad y equilibrio dentro del mismo tejido que define cómo se logra la justicia.”

La enmienda otorgaría a las víctimas de delitos 15 derechos constitucionales en Pensilvania, incluyendo el derecho a la privacidad, el derecho a ser notificado de cualquier procedimiento que involucre a su delincuente y el derecho a ser escuchado en procedimientos como juicios, audiencias de fianza, sentencias y revisiones de indultos.

Esos derechos ya se enumeran en el estatuto de la Ley de Víctimas de Delitos de Pensilvania, que la Asamblea General aprobó en 1998. Pero la Ley de Marsy permitiría a las víctimas pedir a un juez que intervenga en su nombre si creen que sus derechos han sido violados.

Aprobar enmiendas constitucionales es un proceso arduo en Pensilvania. La Asamblea General debe aprobar dos proyectos de ley idénticos, hasta su puntuación, en dos sesiones consecutivas. Los votantes deben ratificar la medida en un referéndum.

La Asamblea General aprobó la enmienda propuesta en votos casi unánimes en el 2018 y el 2019.

La Unión Americana de Libertades Civiles argumentó en el 2019 que la pregunta de la boleta electoral a los votantes contenía demasiados cambios constitucionales y que cada uno debe ser ratificado individualmente. En ese momento, el Tribunal de la Mancomunidad acordó permitir que los ciudadanos votaran sobre la medida, pero eso dictaminó que los votos no podían ser contados oficialmente hasta que se resolviera el desafío de la ACLU.

La medida electoral de Pensilvania fue parte de un esfuerzo nacional, financiado por el multimillonario de California Henry Nicholas, para enmendar las constituciones estatales para consagrar los derechos de las víctimas de delitos.

Los partidarios dicen que la Ley de Marsy protege a las personas afectadas por delitos, pero los opositores dicen que obstaculizaría los procedimientos de justicia penal y pondría en peligro la justicia rápida para los acusados.

Cuando se presenta a los votantes, la ley ha sido ampliamente popular. Pero desafíos constitucionales similares han tenido éxito en otros estados.

En Montana, la Corte Suprema del estado dictaminó en el 2017 que los cambios deberían haber sido votados individualmente, no como un solo voto completo.

Our stories may be republished online or in print under Creative Commons license CC BY-NC-ND 4.0. We ask that you edit only for style or to shorten, provide proper attribution and link to our web site.

Stephen Caruso
Stephen Caruso

Stephen Caruso is the Capital-Star's House reporter. He previously covered Pennsylvania state government for The PLS Reporter. You can reach him at 845-891-4306.

MORE FROM AUTHOR
Elizabeth Hardison
Elizabeth Hardison

Elizabeth Hardison covered education policy, election administration, criminal justice and legislative news for the Capital-Star from Jan. 2019-April 2021. You can find her on Twitter @ElizHardison.

MORE FROM AUTHOR