DePasquale pide el cierre del centro de detención de ICE en el condado de Berks

El Auditor General de Pensilvania Eugene DePasquale ha pedido al gobierno federal que cierre el Centro Residencial del Condado de Berks en Leesport, Pensilvania, citando su alto costo y una larga historia de controversias.

El centro de 96 camas es propiedad del Condado de Berks y está arrendado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los E.E.U.U. Es uno de los tres centros de este tipo en todo el país donde se retiene a inmigrantes y solicitantes de asilo, incluyendo niños, mientras que su estado de inmigración se adjudica en el sistema judicial federal.

DePasquale, un candidato Demócrata para el Congreso en el 2020, dijo  en una conferencia de prensa en su oficina de Harrisburg el miércoles que el centro de detención le cuesta a los contribuyentes estadounidenses casi $12 millones al año “para encarcelar a personas que no enfrentan cargos criminales.”

La mayoría de las personas alojadas allí, dijo en un comunicado, están “tomando las medidas legalmente definidas para el asilo.” DePasquale dijo a los periodistas el miércoles que sería mejor que los inmigrantes y solicitantes de asilo fueran alojados en la comunidad, bajo la supervisión adecuada, para facilitar su transición a la sociedad americana.

“Exhorto al Condado de Berks a que reconsidere si quiere seguir beneficiándose de las personas que están detenidas en prisión mientras esperan una audiencia en la corte,” dijo él.

Un informe emitido por la oficina de DePasquale recomienda la liberación de la comunidad. También recomienda que el Departamento de Servicios Humanos del estado continúe con sus inspecciones mensuales en el centro siempre que permanezca abierto y continúe alojando a los niños. DePasquale agregó que la presencia del DHS le dio libertad a su oficina para lanzar su investigación de seis meses del centro de detención.

DePasquale hizo eco de las preocupaciones de que hay niños detenidos en el centro en violación de lo que se conoce como el Acuerdo de Flores, un acuerdo legal federal de 1997 que prohíbe la detención de niños inmigrantes durante más de 20 días.

Funcionarios de la administración Demócratica de Wolf y el condado de Berks han pasado meses tratando de encontrar una forma mutuamente aceptable de cerrar el centro, informó WITF-FM en octubre. El condado obtiene cerca de $1.3 millones al año del centro, proporcionando empleos a 59 empleados del condado.

Los activistas han pedido a la administración que emita lo que se conoce como una “orden de expulsión de emergencia,” si se puede demostrar que el centro representa un peligro claro y presente para las personas que se encuentran adentro. Hasta ahora, la administración ha dicho que esos motivos no existen, informó WITF-FM.

DePasquale dijo el miércoles que esperaba que esas negociaciones conjuntas entre la administración y el condado de Berks continúen.

Un portavoz de Wolf, J.J. Abbott, confirmó el miércoles que esas conversaciones están en curso.

”Para ser claro, el condado puede cancelar este contrato en cualquier momento. El condado contrata directamente con ICE, y desde entonces los comisionados del condado votaron para establecer este centro. El estado ha tratado de finalizar la licencia de la instalación, pero el condado actualmente está luchando por mantenerla. Hasta hace poco, todos los comisionados habían renovado y defendido el contrato y el uso de la instalación,” dijo Abbott en un correo electrónico.

En un comunicado, el grupo de defensa de inmigración CASA agradeció a DePasquale por su informe, diciendo que “la existencia de la detención familiar en Pensilvania envía un mensaje tóxico a los niños inmigrantes que las familias como  la que ellos carecen no son valoradas en nuestro estado.”