Con el financiamiento de COVID estancado en el Congreso, la Casa Blanca lanza alarmas sobre el déficit

WASHINGTON – El gobierno de Biden está advirtiendo que Estados Unidos no estaría preparado para otra variante de COVID-19 o un aumento de casos si el Congreso no aprueba miles de millones en fondos de emergencia estancados.

Altos funcionarios de la administración dijeron a los periodistas el martes que sin los $ 22.5 mil millones que la Casa Blanca solicitó el mes pasado, habrá una disminución en la capacidad del gobierno federal para comprar pruebas, tratamientos y vacunas.

“Esperar para proporcionar fondos hasta que estemos en una situación peor con el virus será demasiado tarde”, dijo un funcionario.

Los líderes del Congreso llegaron a un acuerdo bipartidista la semana pasada por $15 mil millones para luchar contra el COVID-19, pero la presidenta Nancy Pelosi retiró esa disposición de un proyecto de ley de financiamiento gubernamental más grande por preocupaciones de los Demócratas moderados.

Esos legisladores se sintieron frustrados porque los líderes de los partidos acordaron pagar algunos nuevos gastos para la pandemia con fondos previamente aprobados para los gobiernos estatales. Mientras que algunos Estados ya han retirado su parte del dinero, otros todavía no han podido hacerlo, lo que significa que algunos Estados se habrían quedado cortos mientras que otros ya habrían recibido la suma total.

Más tarde, los Demócratas de la Cámara de Representantes publicaron un proyecto de ley independiente de los gastos de emergencia por el COVID-19 de $ 15.6 mil millones que no utilizó fondos estatales aprobados previamente como forma de pagar algunos nuevos gastos para la pandemia.

La Cámara de Representantes aún no ha votado el proyecto de ley e incluso si se aprueba, no se espera que obtenga el nivel de respaldo Republicano necesario para aprobar el Senado.

Los funcionarios de la administración de Biden dijeron el martes que sin más dinero del Congreso, el gobierno federal no podría comprar tratamientos adicionales de anticuerpos monoclonales. Eso obligará a los funcionarios a comenzar a reducir en un 30% la asignación que el gobierno federal envía a los gobiernos estatales.

El gobierno federal comenzará a reducir de inmediato los pagos a los proveedores de atención médica que tratan a personas no aseguradas por el COVID-19. Esos pagos terminarán completamente en abril sin nuevos fondos.

La capacidad de pruebas del país comenzaría a agotarse en junio y los funcionarios no podrían comprar dosis de refuerzo de vacunas para todos los estadounidenses si surge otra variante o los funcionarios de salud pública creen que se necesita un refuerzo universal en el futuro.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ya no tendría los fondos necesarios para proporcionar vacunas en todo el mundo, lo que posiblemente llevaría al surgimiento de una nueva variante, dijeron funcionarios.

Los funcionarios de la administración de Biden dijeron que están explorando la idea de cambiar la función de compra de pruebas, tratamientos y vacunas a las compañías de seguros de salud a largo plazo. Pero los funcionarios rechazaron la idea de que debería comenzar antes.

Un funcionario dijo que si los Estados Unidos dejaran de comprar pruebas, tratamientos y vacunas para el COVID-19, las compañías de seguros de salud tendrían que competir con otras naciones.

Esto podría ser problemático si el país experimenta un nuevo aumento de casos o una nueva variante en los próximos meses.

Los funcionarios de la administración Biden no quisieron comentar directamente si los Demócratas deberían usar el proceso de conciliación presupuestaria que utilizaron para aprobar un paquete de COVID-19 de $ 1,9 miles de millones en marzo del 2021 para aprobar esta ayuda de emergencia.

El funcionario dijo que hay “muchas vías que el Congreso puede usar para” proporcionar fondos de emergencia, pero señaló que la Casa Blanca le está dejando esas decisiones a los legisladores.

Ese proceso, que normalmente toma meses, le permitiría a los Demócratas evadir el obstruccionismo legislativo de 60 votos del Senado y aprobar fondos sin apoyo Republicano.