Los sindicatos del sector público enfrentan amenazas legales, pero están en una ‘racha ganadora’

    (Patrick Feller/Flickr)

    Desde una reversión histórica de la ley sindical hace dos años en la Corte Suprema de los Estados Unidos, los grupos conservadores han presentado más de una docena de demandas contra los sindicatos del sector público de Pensilvania. Pero el panorama legal para los desafíos parece confuso.

    En este momento, al menos 16 desafíos contra los sindicatos que representan a los empleados públicos de Pensilvania se encuentran en un tribunal federal, según la firma de abogados laborales de Filadelfia Willig Williams Davidson. Al menos 11 son de bufetes de abogados vinculados a financiadores conservadores.

    Las peleas legales a menudo han tenido como objetivo reembolsar las cuotas sindicales específicas para los que no son miembros, lo cuales se consideraron inconstitucionales en el 2018. También han tratado de permitir que los miembros abandonen su sindicato antes de tiempo.

    Pero la asociada de Willig Williams Davidson, Jessica Caggiano, quien anteriormente representó a la Asociación de Educación del Estado de Pensilvania, dijo en un blog que los sindicatos del sector público del estado estaban en una “racha ganadora”. Su firma también representa a algunos sindicatos estatales contra las demandas.

    Por ejemplo, un objetivo frecuente de los desafíos lo cuales hay cinco en este momento, es el Local 668 de Service Employees International Union, que representa a miles de trabajadores de servicios humanos en todo Pensilvania.

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    “Hemos tomado tres decisiones, nos encontramos en el lado correcto de todas ellas,” dijo el presidente del Local 668, Steve Catanese, a Estrella-Capital.

    En la decisión de 2018 conocida como Janus v. AFSCME, la Corte Suprema de los EE.UU. Encontró inconstitucionales las leyes que obligaban a los empleados públicos a pagar los llamados honorarios de agencia a los sindicatos, incluso si no eran miembros.

    Las tarifas son inferiores a las cuotas completas, y los partidarios calificaron los pagos como una parte justa para cubrir los costos sindicales que ayudan a todos los empleados. Pero los opositores dijeron que los pagos, específicamente en trabajos del gobierno, obligaron a los miembros del sindicato a apoyar el discurso político con el que podrían no estar de acuerdo.

    En un gran golpe para los trabajadores organizados, el tribunal superior respaldó la última interpretación del caso, presentada por un servidor público de Illinois y revocó un precedente de décadas.

    El fallo también dio inicio a una ola de demandas por parte de grupos como el Fairness Center con sede en Harrisburg, un grupo de abogados de interés público “que brinda servicios legales gratuitos a los heridos por funcionarios del sindicato del sector público,” según su sitio web.

    Según un portavoz del Fairness Center, el centro ha presentado cuatro demandas activas desde el fallo de Janus en el verano del 2018 y otras tres fueron presentadas de antemano.

    “La razón por la cual Janus ha sido útil para nuestros clientes, es que Janus reconoció el principio de por que los empleados públicos deberían ser libres de no apoyar a un sindicato del sector público si así lo desean,” dijo el presidente del grupo, David Osborne, a Estrella-Capital.

    El centro fue una vez, pero no es actualmente un miembro asociado del State Policy Network, un grupo de organizaciones conectadas con Koch que impulsan las políticas del mercado  libre en las legislaturas estatales y en los tribunales.

    Catanese citó la asociación entre el dinero oscuro de la derecha y las demandas. Dijo que esperaba apelaciones en demandas fracasadas, pero que el sindicato “seguirá luchando porque las personas que les pagan no quieren que sigamos con el trabajo que hacemos.”

    Aún así, Osborne afirma tener cierto éxito.

    Antes de Janus, muchos contratos sindicales tenían cláusulas de “mantenimiento de membresía,” según Osborne, que solo permitían una pequeña oportunidad al final del contrato. Tras el fallo, muchos sindicatos estatales del sector público han prometido eliminar las disposiciones.

    Esa victoria fue voluntaria, sin embargo. Osborne dijo que el centro continuaría apelando demandas para asegurarse de que las disposiciones se consideren inconstitucionales y señaló que muchos aún están esperando su primer juicio.

    Pero si las decisiones anteriores son una guía, el abogado laboral Caggiano dijo que las probabilidades parecen buenas para los sindicatos.

    Los jueces han estado otorgando a los sindicatos una llamada “defensa de buena fe,” escribió Caggiano en octubre.

    Por ejemplo, cobrar tarifas de participación equitativa era “indiscutiblemente legal” cuando se les quitó a los empleados, por lo que no existe un argumento legal en contra de forzar su reembolso a un miembro del sindicato  que esté descontento.

    Incluso Mark Janus, el demandante en el caso original, no ha tenido éxito en una demanda posterior que busca reembolsos por los honorarios de su agencia. Ese caso, presentado por el Liberty Justice Center con sede en Illinois, también ha presentado cuatro demandas en Pensilvania.

    A principios de Noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Chicago, rechazó sus argumentos.

    “Señor Janus ha recibido todo lo que tiene derecho a: desagravio declaratorio y cautelar y un futuro libre de cualquier asociación con una unión pública, ” dictaminó el tribunal de apelaciones, según Bloomberg.

    Las decisiones de la corte del circuito podrían ser un buen augurio especialmente si uno o dos casos se abren paso, dijo Caggiano.

    “Incluso si un tribunal de alguna manera descubriera que un sindicato en particular no era elegible para la defensa de buena fe, no creo que crearía un efecto de onda o reacción en cadena en otros casos,” dijo Caggiano a Estrella- Capital. “En estas alturas, tal decisión sería un caso claro fuera de los numerosos casos que sostienen lo contrario.”

    Pero el costo para ese sindicato individual aún podría ser alto si una demanda en nombre de, por ejemplo, los contribuyentes no sindicales tuvo éxito . Se estimó que una de esas demandas contra SEIU 668 solo costaría $1 millón si tiene éxito. El sindicato tenía $10 millones en activos de acuerdo con un formulario federal del 2018.

    “Para nosotros, las inversiones son más altas,” dijo Catanese. “Para ellos, solo están jugando con el dinero de los multimillonarios.”